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Situación en América Latina La
creencia de que un arma puede servir para protección genera
en Argentina dos muertes por día en hechos
no policiales, accidentales o en peleas entre conocidos. Que resulte
fácil obtenerlas revela que rige un paradigma equivocado
en la legislación: debe avanzarse desde una normativa del
“derecho” a poseer una indefinida cantidad de armas
a otra que lo establezca claramente como el “privilegio”
de tenerlas, frente una sociedad construida para vivir y dejar
vivir y no para matar y dejar matar. Bolivia
está convencido de que el problema es complejo
y que requiere de acuerdos internacionales para dirigir el comercio
ilícito de armas pequeñas y ligeras. Bolivia ha
adopatado la iniciativa de una ley respecto a las municiones y
explosivos, los principios de esta ley ahora son parte de la política
estatal. Esta ley mejorará mucho el control estatal sobre
la operación, adquisición, posesión y uso
de armas por los civiles. Bolivia es parte de la convención
para la prohibición y restricción del uso de ciertas
armas. Bolivia tiene planes para la ratificación del Protocolo
Internacional de Armas de Fuego y Municiones, que complementa
la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Trasnacional. En Cuba no existe un exceso de armas así que el país no cuenta con un programa de destrucción, las únicas armas que se destruyen son aquéllas ligeras que están en una condición pobre. En cuanto a la cooperación internacional, Cuba es un país miembro de la Policía Criminal Internacional (Interpol) y, entre otras cosas, ha albergado reuniones conjuntas de ésta organización mundial. Cuba también ha participado en acontecimientos patrocinados por el Centro Regional de la ONU para la Paz, el desarme y el desarrollo en América Latina y el Caribe. Sobretodo, Cuba considera que mientras las armas pequeñas son una forma de defensa para la mayoría de los países, para otros pocos representan sólo una categoría de armas según arsenales militares vastos, que incluyen armas de destrucción masiva (ADM), así entonces, las decisiones de la Conferencia de Revisión se deben basar en los principios de la Carta, en especial aquéllos que se refieren a la soberanía, la no intervención y la autodeterminación. En Guatemala los compromisos adoptados en el 2001 han llevado a la adopción de políticas relevantes en su propio país, a la generación de acciones gubernamentales y a la toma de iniciativas realizadas por organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Nacional Guatemalteca está trabajando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para reducir todas las formas de violencia armada. El cuerpo legislativo del país está fundamentando en la base de un plan de acción nacional para combatir el comercio ilegal de armas. El gobierno ha estado muy activo en varias conferencias y reuniones regionales, la más reciente llevó a una decisión, la Declaración de Antigua, que buscó dirigir las prioridades locales y regionales que no se han incluido o manejado con eficacia en el marco de la ONU. Al ver hacia delante, los intereses del país y las acciones planeadas a futuro no están determinadas por algún conflicto, sino por implicaciones sociales del comercio ilegal de armas pequeñas, que incluyen la actividad criminal transnacional, el desarrollo estancado y la violación de los derechos humanos, al final, se espera que las negociaciones sobre el documento resultante de la Conferencia concluyan con éxito, el problema no conoce de límites culturales, regionales o sociales y deben enfrentarlo todos las ONG y los Estados al trabajar en conjunto. En Guatemala como en toda Latinoamérica, el tráfico ilícito de armas pequeñas no surge de una situación de conflicto o post-conflicto. Es, en cambio, generada por desigualdad social, falta de oportunidades socio-económicas, la debilidad de los Estados de garantizar el Estado de Derecho, la creciente presencia de la narcoactividad, y la existencia de crimen organizado, factores que de igual manera afectan negativamente el desarrollo y a la seguridad ciudadana. México enfrenta a nivel interno el problema del tráfico ilícito de las armas pequeñas y ligeras, y está plenamente consciente de la amenaza que representan a nivel regional y global. En este sentido, reiteramos nuestro total apoyo al proceso, y a su continuidad . Por ello, México insta a los Estados a acordar los mecanismos de seguimiento necesarios para revisar en forma periódica los avances y reunirse nuevamente a más tardar en 2011 en una Segunda Conferencia de Examen . No menos importante será impulsar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en la materia. Los controles en la posesión civil son un factor clave ya que la mayoría de las armas que circulan ilícitamente fueron alguna vez producto del comercio legal. Para México, como para otros países que lo han referido en sus informes nacionales, estas armas caen en manos de la delincuencia común, delincuencia organizada e incluso de grupos terroristas, lo cual constituye una grave amenaza a la seguridad nacional, regional e internacional. Este trabajo ha incluido acciones legislativas y administrativas, la integración de un grupo intersecretarial para la atención del tema, la elaboración de estrategias de recolección de armas, la adopción de acuerdos bilaterales y una intensa participación en negociaciones multilaterales de instrumentos relativos a las armas pequeñas y ligeras . En el esfuerzo se han sumado distintos actores gubernamentales y se han emprendido acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil, con buenos resultados . Nicaragua
ha frenado de manera importante el flagelo provocado por el comercio
ilícito de armas pequeñas a nivel nacional con la
adopción del Programa de Acción del 2001 en la Asamblea.
Las iniciativas del país consideran los esquemas del control
de armas pequeñas definidos en el Programa, a la par de
los esfuerzos para asegurar la cooperación entre las entidades
Estatales para combatir y regular el comercio ilícito.
Nicaragua trabaja con otros miembros de la Organización
de Estados Americanos (OEA) para ayudar a los países más
afectados de la región y que fortalezcan su capacidad para
la lucha contra el comercio ilícito de armas pequeñas
en sus territorios. Folleto
completo (Fomato pdf) 1.95MB
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